AT&T acordó pagar 177 millones de dólares para resolver múltiples demandas tras dos filtraciones que expusieron datos personales de millones de usuarios en EE. UU. El acuerdo, alcanzado en junio de 2025, compensará tanto a clientes actuales como antiguos afectados por las brechas de seguridad.
AT&T, uno de los mayores operadores de telecomunicaciones en Estados Unidos, con servicios de telefonía móvil AT&T, internet y televisión, sufrió dos importantes filtraciones de datos en 2024: una en marzo y otra en julio.
Estas brechas de seguridad comprometieron información sensible de los clientes, incluyendo nombres, números de teléfono y registros de llamadas. La situación desató una ola de demandas colectivas por parte de los usuarios, alegando que la empresa no protegió adecuadamente sus sistemas. Aunque AT&T negó haber actuado con negligencia, decidió llegar a un acuerdo para evitar un proceso judicial prolongado.
El fondo del acuerdo repartirá 177 millones de dólares entre los clientes elegibles, con montos variables según el caso:
El monto final dependerá del número total de personas que presenten sus reclamaciones.
El acuerdo cubre a clientes actuales y antiguos de AT&T cuya información personal haya sido expuesta en alguna de las dos filtraciones de 2024. Se espera que durante el verano de 2025 se habilite un sitio web oficial del acuerdo, donde los usuarios podrán verificar si son elegibles y presentar su solicitud de compensación.
Aunque el acuerdo aún requiere la aprobación del tribunal, una vez ratificado, el proceso de reclamaciones se gestionará a través del sitio web oficial del caso. Los pagos están programados para iniciarse a comienzos de 2026.
Para quienes reclamen montos mayores debido a pérdidas económicas demostrables, se solicitará documentación de respaldo. En cambio, para reclamos menores bastará con una declaración jurada.
Este acuerdo de AT&T se encuentra entre los más grandes relacionados con filtraciones de datos en el sector de telecomunicaciones. Refleja la creciente presión legal y financiera que enfrentan las empresas que gestionan información personal de millones de usuarios.
Para los afectados, representa una oportunidad para recuperar parte de las pérdidas y exigir mayor protección digital tras años de incertidumbre sobre el uso indebido de sus datos.
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